Política | 28.03.2011

EL LEGISLADOR MANUEL RAIMBAULT PUSO EN DUDA LA LEGALIDAD DE LA EXPLOTACIÓN HIDROCARBURÍFERA EN TIERRA DEL FUEGO MIENTRAS EL GOBIERNO AFIRMA QUE AVANZA CON LA RENEGOCIACIÓN DEL CRUDO

¿Dónde están los contratos petroleros?

Mientras el Gobierno de Tierra del Fuego considera primordial la renegociación de contratos petroleros para garantizar la continuidad de las inversiones de la actividad en nuestra provincia y destaca que hay empresarios interesados en incrementar las inversiones en la Isla, el legislador Manuel Raimbault advirtió sobre la inexistencia de contratos petroleros.

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Mientras el Gobierno de Tierra del Fuego considera primordial la renegociación de contratos petroleros para garantizar la continuidad de las inversiones de la actividad en nuestra provincia y destaca que hay empresarios interesados en incrementar las inversiones en la Isla, el legislador Manuel Raimbault (ex arista y actual integrante de las filas del partido Encuentro Popular) advirtió sobre la inexistencia de contratos petroleros. Asimismo, desde el Observatorio Petróleo Sur, integrado por el CEPPAS (Centro de Políticas Públicas para el Socialismo) que forma parte de la red internacional Oilwatch, alertaron sobre los avances de la renegociación sin que las petroleras hayan saldado sus deudas con el Estado provincial, las cuales rondarían los 70 millones de pesos.
“La renegociación de los contratos implica, primero, una valoración de cumplimiento de esos contratos. Nosotros hace ya un tiempo le estamos pidiendo a la Secretaría de Hidrocarburos y al Ministerio de Economía los elementos que nos permitan empezar a valorar esa posibilidad de cumplimiento. Hasta ahora nos han dicho que no tienen ni los contratos”, sostuvo Raimbault cuestionando el manejo de este recurso natural.
A su vez, desde el Observatorio Petróleo Sur recordaron la existencia de una causa penal iniciada por el Fiscal Guillermo Mássimi, luego derivada al juzgado del Dr. Héctor Ochoa, que se vincula a deudas de 70 millones de pesos que las petroleras mantendrían desde el año 2006 con el Estado fueguino. A esto se suman los pedidos de informe realizados desde la Legislatura fueguina que, hasta ahora no han sido respondidos lo cual hace sospechar que ni la Secretaría de Hidrocarburos ni el Poder Ejecutivo contarían con la documentación de control pertinente que debería incluir informes de lo extraído en boca de pozo y de las declaraciones juradas de las empresas multinacionales que extraen el crudo de nuestro suelo.
A pesar de los cuestionamientos, ayer, mediante un comunicado oficial, el Gobierno informó que continúan los encuentros con las empresas del área para la renegociación de los contratos petroleros. La semana pasada, funcionarios de la Secretaría de Hidrocarburos se reunieron con empresarios de la petrolera Apache, cuyas concesiones finalizarían en cinco años.
Según Daniel Blázquez, el Subsecretario de Hidrocarburos, “el objetivo principal en esta primera ronda de reuniones es avanzar en las negociaciones para lograr la extensión de las concesiones por un plazo de diez años, según lo previsto en la Ley 17.319”.
Por su parte, el ingeniero Daniel Rosato, gerente Regional de Relaciones Externas de Apache, remarcó los avances registrados en el proceso de negociación con el Gobierno, indicando que “este tipo de reuniones son de vital importancia no sólo para las empresas concesionarias sino también para todos los habitantes de Tierra del Fuego, que se verán directa o indirectamente beneficiados con una negociación exitosa”. Pero los contratos siguen sin aparecer, las dudas persisten y el fantasma de la falta de transparencia sigue rondando la explotación de los recursos naturales del subsuelo fueguino.
Dado el desarrollo de las negociaciones y la existencia de una causa penal por deudas impagas, desde el Observatorio advirtieron que la existencia de documentación que certifique que las deudas fueron canceladas es condición sine qua non para porrogar las concesiones.
Por su parte, el legislador Raimbault explicó que “la renegociación de los contratos petroleros significa la extensión de las cláusulas contractuales que están suscriptas; si uno no sabe ni siquiera cuáles son difícilmente pueda pensar el extender en el tiempo esas cláusulas. Pero además si se nos dificulta el acceso a saber cuál es el cumplimiento de las cláusulas”. En este sentido, se preguntó “¿cómo controlan que eso esté bien?”.
Finalmente, consideró que “los recursos naturales constituyen un aspecto central de desarrollo sostenido por lo cual habría que, por lo menos, empezar a discutir una sociedad del Estado y una ley de energías en Tierra del Fuego” y enfatizó que “esta discusión no la está dando ni el Gobierno ni el resto de los partidos políticos”.

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